Sobre migración

El ejército salvadoreño llevaba un detallado registro fotográfico de izquierdistas detenidos o buscados durante la guerra civil (1980-1992), un documento que ahora es el único testimonio en causas judiciales por torturas y desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas de seguridad.

Activistas de derechos humanos señalaron a IPS que, además de las pruebas de los delitos, también se confirmaría los vínculos que muchos aseguran existieron entre el ejército y los escuadrones de la muerte, dado que varios detenidos incluidos en el dossier fueron desaparecidos posteriormente por esos grupos paramilitares de ultraderecha.

El documento castrense, con nombres y fotografías de 1.975 personas calificadas de “delincuentes terroristas”, lleva por título de “Libro Amarillo” y fue presuntamente elaborado por la jefatura militar, pues en cada una de las 270 páginas aparecen inscritas las siglas del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA).

“El libro demuestra que eran ciertas todas las denuncias que hicimos, de que los cuerpos de seguridad y el ejército estaban detrás de las desapariciones forzadas, operando como escuadrones de la muerte”, señaló a IPS la presidenta del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos (Codefam), Guadalupe Mejía.

“A los que capturaban, les tomaban una foto antes de asesinarlos, de allí que el Libro Amarillo es una evidencia fiel de las ejecuciones sumarias del ejército, que operaba como escuadrón de la muerte”. Carlos Santos.
El Libro Amarillo fue encontrado hace unos tres años, escondido en un recoveco de una casa en San Salvador, por alguien que se estaba mudando. IPS y el diario mexicano La Jornada tienen una copia del informe.

Carlos Santos, presidente de la Asociación Salvadoreña de Sobrevivientes de Tortura (ASST), dijo que unas 250 personas que la Comisión de la Verdad de la Organización de las Naciones Unidas investigó como víctimas de desapariciones forzadas están en el documento, confirmando que en algún momento fueron detenidos por unidades militares o policiales.

“Recoge nueva evidencia de que militares del ejército fueron quienes capturaron (a los desaparecidos). Todos sabíamos que eran ellos, pero no había evidencia”, destacó Santos a IPS.

Aparte de pruebas testimoniales y documentales que confirmó en los años 80 ese nexo, no se había conocido hasta ahora de un informe militar oficial que reafirmara ese vínculo.

El informe “confidencial” está fechado en julio de 1987, pero contiene nombres de detenidos en las dos décadas anteriores, por lo cual se cree que ese año es cuando se hizo la última actualización.

El Salvador vivió una brutal guerra civil desde 1980 a 1992, cuando el entonces guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno de entonces del derechista Alfredo Cristiani.

Se calcula que 75.000 personas murieron y que unas 8.000 permanecen desaparecidas, víctimas en muchos casos de los temibles escuadrones de la muerte que intentaron frenar con brutales asesinatos, desapariciones forzadas y distintas modalidades de torturas el avance del movimiento insurgente.

Muchas de las fotografías del informe revelarían que han sido tomadas en los cuarteles militares o policiales, pues las imágenes mantienen el mismo patrón de personadas arrimadas a un muro, desaliñados, con la mirada angustiada y hasta golpeados.

Se cree que otras provienen de documentos de identificación obtenidos por la inteligencia militar en algún registro municipal, y también hay algunas captadas con cámaras provistas de lentes teleobjetivo cuando a las víctimas se les perseguía de modo encubierto.

El informe militar incluye a los máximos dirigentes del FMLN, quienes eran los más buscados, así como a intelectuales de izquierda y a obreros, campesinos, sindicalistas y demás dirigentes sociales de la época, todos considerados “terroristas” por las autoridades.

“El libro evidencia que estas personas fueron capturadas por los cuerpos de seguridad y luego torturadas. Se llenó un archivo y optaron por desaparecerlas, o sea asesinarlas”, y ocultar sus cuerpos, dijo a IPS el director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, Miguel Montenegro.

Santos añadió: “A los que capturaban, les tomaban una foto para archivarla antes de asesinarlos, de allí que el documento es una evidencia fiel de las ejecuciones sumarias cometidas por el ejército, que operaba como escuadrón de la muerte”.

El dossier registra casos como el de Abel Enrique Orellana, incluido en la lista de desaparecidos de Codefam y que está en el Libro Amarillo, un estudiante de medicina que fue capturado el 18 de agosto de 1981 por unidades de la Guardia Nacional cuando tenía 25 años de edad.

IPS cotejó más nombres del listado de Codefam y de otras organizaciones con el proveniente del ejército. Así se pudo ver la coincidencia de nombres como el de Ana Elizabeth Alvarado García, desaparecida en junio de 1982, el de Julio César Ávalos Hernández, en noviembre de ese mismo año, o el de Felipe Oswaldo Ayala Portillo, en julio de 1983, entre muchos otros.

Algunos lograron sobrevivir a la captura y confinamiento en oscuras celdas, como sucedió a Cunegunda Peña, una mujer ahora de 77 años que fue capturada el 9 de marzo de 1977 por miembros de la Guardia Nacional y la Policía Nacional, unidades desmontadas tras los acuerdos de paz por su vinculación con violaciones a los derechos humanos, al igual que la Policía de Hacienda.

Los agentes, contó Peña a IPS, irrumpieron ese día en su casa en busca de sus tres hijos, quienes ya estaban organizados en las Fuerzas Populares de Liberación, una de las cinco guerrillas que conformaban el FMLN, hoy un partido legal que sustenta la Presidencia de Mauricio Funes.

“Como no están tus hijos, te vamos a llevar a vos”, narró Peña que le dijeron los agentes. Al llegar a la sede de la Policía Nacional, la fotografiaron y por eso ella aparece en el Libro Amarillo. Pasó seis meses encarcelada, pero finalmente fue dejada en libertad.

“Oía gritos cuando estuve presa, como si estuvieran descuartizando a gente”, contó. Uno de sus hijos, Manuel Martínez Peña, permanece desaparecido desde junio de 1980, por lo cual se presume que fue finalmente capturado y ejecutado.

Los activistas entrevistados por IPS sostuvieron que la amnistía suscrita en 1993, un año después de firmado el acuerdo de paz, impide que la justicia persiga a los responsables de violaciones a los derechos humanos perpetrados en la guerra civil.

Sin embargo, ya hay antecedentes de jefes militares juzgados en el extranjero por ser los responsables de esos hechos.

En 2002, los generales retirados Eugenio Vides Casanova y José Guillermo García, ambos ministros de Defensa en los años 80, fueron declarados culpables por un tribunal estadounidense por prácticas de torturas cometidas por unidades bajo su mando contra tres salvadoreños. Fueron condenados a pagar 54,6 millones de dólares.

El actual ministro de la Defensa, general José Atilio Benítez, no atendió los múltiples llamados de IPS para indagar si el documento pudo haber salido de alguna oficina de esa cartera.

Estados Unidos prepara con meticulosidad su retiro de Afganistán para 2014, pero claramente omitió el impacto que tendrán sus ataques con aviones no tripulados sobre las áreas tribales del vecino Pakistán en su tan mentada propuesta.

Insurgentes armados pertenecientes a Tehreek-e-Talibán Pakistán (TTP) incendiaron la semana pasada tres contenedores repletos de insumos para los efectivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Afganistán, que se dirigían hacia el cruce fronterizo de Torkham, en las montañas de la noroccidental provincia de Jyber Pajtunjwa.

Los insurgentes alegaron que el atentado contra el convoy de 12 contenedores fue en represalia por el ataque con drones (aviones teledirigidos) del 29 de mayo, cuando murió el dirigente del TTP, Waliur Rehman, en Waziristán del Norte, una de las siete Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA), en Pakistán.

El incidente del mes pasado elevó los ataques con drones en la región a unos 355 desde 2005.

El gobierno de Estados Unidos disfrutó haciendo la vista gorda a las varias formas de protestas contra su guerra remota, desde marchas civiles hasta declaraciones del gobierno, pero el incendio de vehículos de la OTAN podría marcar un punto de inflexión en su controvertida política exterior.

Mohammad Mushtaq, de la Asociación de Proveedores de la OTAN (un colectivo de conductores y propietarios, entre otros, que participan en el transporte de suministros al otro lado de la frontera), dijo a IPS: “Desde 2008, más de 5.000 vehículos de la OTAN fueron incendiados en Peshawar y en la agencia Jyber, todo en la ruta hacia Afganistán, para reponer las fuerzas de la ‘guerra contra el terrorismo desde 2002’”.

En el proceso, precisó, no solo se redujeron a cenizas unos 10 millones de dólares en equipamientos e insumos, sino que más de 500 personas, entre ellas conductores, perdieron la vida.

En diciembre de 2008, 160 camiones de la OTAN con vehículos militares Humvees, rumbo a Afganistán, fueron incendiados en un solo ataque cerca de Peshawar, capital de Jyber Pajtunjwa, apuntó Mushtaq. Luego, los combatientes desfilaron triunfalmente entre la nube de llamas que oscurecían el cielo.

La mayoría de los vehículos que van a Afganistán llevan equipamiento militar, alimentos y otros suministros de logística para unos 100.000 efectivos estacionados allí, dijo a IPS el mayor retirado Anwar Jan, analista de asuntos de seguridad.

“Esa misma ruta probablemente será utilizada para retirar los equipos militares pesados, así como los soldados”, especuló. Por lo que si siguen los ataques con drones, Estados Unidos corre el riesgo de vulnerar su principal ruta de ingreso y de salida.

Jan dijo que Estados Unidos y sus socios de la coalición en la “guerra contra el terrorismo” deben revisar su estrategia militar si están decididos a respetar la fecha de retirada de 2014.

“De lo contrario, las posibilidades de su retiro y de paz en Pakistán y Afganistán seguirán siendo una quimera”, opinó.

Ojo por ojo

Cuando las fuerzas encabezadas por Estados Unidos expulsaron al movimiento islamista Talibán de Kabul en 2001, marcaron el inicio de una guerra que se prolongó durante una década.

Miembros del régimen depuesto, junto con sus partidarios, huyeron en masa hacia las montañas, que forman la escabrosa frontera de 1.200 kilómetros de largo entre Afganistán y Pakistán.

Eso hizo que Islamabad arremetiera con toda su fuerza, junto con Estados Unidos, con la esperanza de impedir que los insurgentes se asentaran en sus propias e inestables zonas tribales.

Pero la promesa de destruir a la red extremista Al Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, no arrojó resultados positivos. De hecho, numerosos analistas observaron que los insurgentes son más fuertes que antes.

En el marco del alza de costos, de una creciente cantidad de muertos y de la fuerte oposición pública contra la guerra, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, suscribió en mayo un Acuerdo de Asociación Estratégica con el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, por medio del cual pactaron retirar las tropas en 2014.

Pero especialistas como Pervez Jamal, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Peshawar, creen que ese plan puede fracasar, salvo que se tomen medidas de inmediato para aplacar al TTP.

Como señaló Jan: “Los vehículos incendiados ya encarecieron la guerra contra el terrorismo para Estados Unidos y sus aliados”.

Actualmente, 70 por ciento de los suministros para las fuerzas occidentales apostadas en Afganistán pasan por Pakistán; llegan por barco al puerto de Karachi, sobre el mar Arábigo, y luego atraviesan 3.000 kilómetros hasta la base aérea de Bagram, en Kabul.

El gobierno de Pakistán ordenó el cierre de esa ruta directa en noviembre de 2011, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron un puesto de seguridad en la agencia de Mohmand, en las FATA, y mataron a 24 soldados.

Sin ruta terrestre, Estados Unidos debió buscar una alternativa, vías aéreas a través de Rusia y de las repúblicas exsoviéticas, fronterizas con Afganistán. Durante ese tiempo, el costo del transporte de suministros pasó de 17 millones a 104 millones de dólares.

Incapaz de sostener el gasto, el gobierno de Estados Unidos pidió disculpas por el ataque y logró reabrir en 2012 la ruta de suministro, en el entendimiento de que permanecería abierta hasta 2015, para facilitar su retiro paulatino de Afganistán.

Pero ahora el acuerdo está en peligro.

La quema de suministros también supone un peligro para los 10.000 efectivos que deben quedarse en el terreno a asistir a los 350.000 integrantes de las Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán.

La fuerza de seguridad local carece actualmente de equipamiento militar y de formación. Sin la promesa de refuerzos, algunos especialistas sostienen que no podrán resistir a una usurpación de poder de los insurgentes.

El analista de guerra Javed Hasham, radicado en Peshawar, dijo a IPS que el Talibán es capaz de destruir convoyes con facilidad. El pase de Torkham es un cruce de montaña muy expuesto, sin puestos de avanzada a lo largo del camino.

Los talibanes, familiarizados con el terreno, tienen escondites en las montañas, así como casas desde donde vigilan el camino sinuoso.

Los atentados contra convoyes registraron una marcada disminución en los últimos cuatro meses, pero repuntaron en estos últimos tiempos, a instancias del aumento de ataques con drones.

“La única forma de seguir avanzando es que Estados Unidos suspenda los ataques con drones”, opinó.

Como el agua y la alimentación son cosas que están estrechamente ligadas, hay un peligro latente de que, si escasea lo primero, falte lo segundo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subrayó los fuertes vínculos entre ambos temas al señalar que la producción rural responde por más de 70 por ciento del uso del agua en el mundo.

En un informe divulgado en Roma, esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas alertó que la parte del agua disponible para la agricultura caerá 40 por ciento para 2050.

La FAO celebra en la capital italiana su 38ª Conferencia Bienal, entre el 15 y el 22 de este mes.

Su proyección se basa en estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre cuyos integrantes están los países más industrializados.

La disponibilidad de agua potable muestra una tendencia similar a la de las tierras: hay suficientes recursos a nivel mundial, pero distribuidos en forma desigual.

Mientras, en un número cada vez mayor de países o partes de estos, hay escasez de agua, según la FAO.

Debido a su vulnerabilidad, las áreas costeras, la cuenca del Mediterráneo, los países del norte de África y de Asia central parecen ser lugares donde las inversiones en técnicas de manejo de agua deben ser consideradas una prioridad cuando se trata de promover la productividad agrícola.

Consultado sobre si el vínculo entre productividad agrícola y escasez de agua es real, Jan Lundqvist, asesor científico del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés), dijo a IPS: “Sí y no”.

Si no hay agua (por ejemplo, en los desiertos), no se pueden producir alimentos, señaló. Pero el agua es un recurso renovable y el ciclo hidrológico continuará en el futuro, indicó.

El problema es que es cada vez más difícil, caro y peligroso, según Lundqvist, desviar agua de los ríos y lagos o extraer la que se encuentra en las reservas subterráneas.

“Al mismo tiempo, con el desarrollo económico, se incrementa la demanda de agua por habitante”, indicó.

El hecho de que se necesita este recurso para producir todo lo que el ser humano come quedó claramente ilustrado en una exposición realizada en el SIWI el año pasado.

En esta se explicaba que la producción de una hamburguesa promedio (dos rodajas de pan, carne, tomate, lechuga, cebollas y queso) consume unos 2.389 litros de agua, contra 140 litros para una taza de café y 135 para un simple huevo.

Para un plato de arroz con carne y verduras se necesitan unos 4.230 litros, mientras que un grueso y jugoso bistec de carne, alimento básico en muchos países del Norte industrializado, consume una de las mayores cantidades de agua: alrededor de 7.000 litros.

Vincent Casey, gerente de apoyo técnico de la organización WaterAid, con sede en Londres, dijo a IPS que la agricultura irrigada es responsable de la mayor parte de la extracción de agua en muchos países.

Se podría prevenir la escasez cambiando las prácticas agrícolas, apuntó.

Es posible modificar los tipos de cultivos, los métodos de irrigación y las tarifas del agua para reducir la demanda. Pero esas acciones requieren compromiso político, el cual puede ser difícil de obtener, reconoció.

Para garantizar la seguridad del agua se necesita además una buena administración de los recursos y de los servicios de suministro, como bombas, cañerías y tanques de reserva.

La escasez de agua ya es una realidad para más de 760 millones de personas, advirtió Casey, en gran medida por la falta de servicios de suministro.

“Si no tuviéramos embalses, cañerías y grifos en Gran Bretaña, también sufriríamos escasez”, indicó.

Para afrontar la crisis del suministro se necesitará controlar la demanda en las áreas donde los recursos están más presionados, y extender la oferta a los lugares donde hay dificultades de acceso.

Si hay escasez de agua, dijo Lundqvist a IPS, la producción de alimentos se verá afectada por muchos motivos.

En primer lugar, porque otros sectores demandarán una buena parte del suministro. Con la creciente urbanización, tanto la industria como los hogares requerirán de agua adicional.

“El agua se está volviendo escasa, no solo porque el volumen se redujo, sino también porque está creciendo la demanda de la sociedad”, indicó.

Un segundo motivo es que el patrón de precipitaciones se hará más azaroso como consecuencia del cambio climático. La incertidumbre y los riesgos aumentarán para los agricultores.

Esto es particularmente problemático para la agricultura que depende de la lluvia, señaló. Y la situación se hará más compleja conforme las sequías e inundaciones se hagan más frecuentes y amplias.

A su vez, el aumento de las temperaturas acelera la evaporación del agua, lo que también complica a los agricultores.

En esas circunstancias, y considerando el hecho de que se produce suficiente comida para alimentar a toda la población mundial en forma adecuada, es vital garantizar que esos alimentos lleguen a todos, incluyendo a los pobres.

Entre un tercio y la mitad de los alimentos producidos se desperdician o son transformados. Esto supone una enorme pérdida de recursos, sostuvo.

“Deberemos caminar bien firme en el futuro, asegurando que se produzca lo necesario, que se pueda acceder a ello y que sea aprovechado”, afirmó.

Antes de llegar a Brasil, Yves Norodom, de 21 años, sufrió un largo viaje tras verse forzado a dejar su país, República Democrática del Congo (RDC), en una peripecia repetida por 45,2 millones de refugiados existentes en el mundo, el mayor número en más de 20 años.

Así lo indica el reporte Tendencias Globales 2012, divulgado este miércoles 19 en Río de Janeiro y otras ciudades en diferentes regiones del mundo por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Do ese total, 28,8 millones de personas fueron forzadas a trasladarse dentro de las propias fronteras de sus países y 15,4 millones obtuvieron estatus de refugiados en otras naciones.

Acnur registro el año pasado 33,8 millones de personas bajo su asistencia, la mayor cifra desde 1994. De esa cantidad, 10,5 millones eran refugiados.

En promedio, 23.000 personas debieron dejar su hogar forzadamente cada día de 2012 para elevar el número de refugiados y desplazados forzosos al cierre del año a 45, 2 millones , la mayor cifra desde que en 1994 la guerra de los Balcanes y la crisis humanitaria de Ruanda elevaron esa tragedia humana a 47 millones.

Al concluir 2011, el número de refugiados y desplazados forzosos era de 43 millones.

El representante de Acnur en Brasil, Andrés Ramírez, dijo, al lanzar el informe en la víspera del Día Mundial del Refugiado, que las guerras y conflictos armados continúan siendo la principal causa de desplazamiento forzado.

Resalto que la mitad de los refugiados del mundo proceden de Afganistán, Siria, Iraq, Somalia y Sudán.

“En promedio, una persona más se convierte en refugiada cada cuatro segundos. No ha habido voluntad política a nivel mundial para prevenir los conflictos”, manifestó Ramírez.

“El tema de los refugiados es un drama, una tragedia humana de grandes dimensiones”, planteó.

Afganistán encabeza la lista en cuanto al origen de los refugiados, una posición que ocupa desde hace más de tres décadas. En 2012 procedían de ese país asiático 2,5 millones de las personas en esta situación registradas por Acnur.

Somalia está en segundo lugar, con 1,1 millones, seguido de Iraq con 746.000 y de Siria con 471.000.

Acnur añadió que existen en el mundo casi un millón de personas desplazadas, que están a la espera de obtener asilo en otros países.

Eso le sucedió a Norodom, según contó a IPS. Tuvo que esperar hasta lograr huir a Kenia y pasar por Gran Bretaña, antes de llegar a Brasil en 2010 sin documentos ni pertenencias.

“Allá, en el Congo, todo el mundo temía por su vida. Yo luchaba por sobrevivir, hice lo imposible para lograrlo. Mi trabajo era salvar mi propia piel y en aquel entonces yo tenía 17 años”, detalló.

Su padre, un representante de la oposición, ya tuvo que dejar la RDC hace casi una década, mientras sus 15 hermanos fueron recibiendo refugio en diferentes países y la familia terminó fragmentada por la diáspora.

“Nos amenazaron y seis hermanos acabamos en Brasil, otros ya habían conseguido refugio, unos dentro de África, otros en Francia. Nos tuvimos que separar”, se lamentó.

Una de las mayores dificultades de Norodom fue aprender a hablar portugués. “Era un idioma que no había escuchado nunca. Me costó seis meses aprender lo básico y después un año para dominarlo mejor”, comentó.

Actualmente está desempleado, pero le sostiene el sueño de que un día podrá volver a estudiar y logrará ingresar a la universidad pública de Río de Janeiro para cursar ingeniería química.

“No es que sea muy feliz, pero al menos estoy vivo y me encuentro bien”, confió.

La vida de Norodom se parece a la de otros muchos otros llegados a Brasil. Según el Comité Nacional para Refugiados (Conare), dependiente del Ministerio de Justicia, en el país hay 4.715 extranjeros en esta situación de 76 nacionalidades.

De ellos, 2.012 cuentan con la asistencia de Acnur.

“Son personas pertenecientes a grupos étnicos que huyen por motivos de pensamiento o conflicto. Nuestro desafío es ofrecer las mejores condiciones de adaptación para la integración del refugiado”, comentó João Guilherme Granja, vicepresidente de Conare.

Brasil tiene una legislación apropiada para la acogida de refugiados y ofrece todos los servicios públicos y similares derechos a los de las personas nacidas en el país, pero recibe mucha menos cantidad que naciones más pobres, como Paquistán, que mantiene acogidos un millón 638.000 personas.

También Iraq, Kenia, Siria y Etiopia están en el listado de los que más flujo de refugiados acogen, según los datos de Acnur.

En 2012, Brasil recibió más de 1.200 solicitudes de refugio y este año la cifra será mayor,  anticipó el representante de Acnur.

“Tenemos más solicitudes a causa de las crisis que soportan varios países. Brasil es un país con dimensiones continentales y podría recibir más refugiados, pero se encuentra muy alejado de los lugares donde se están produciendo las emergencias humanitarias”, comentó Ramírez.

Entre tanto, el incremento del costo de la vida en las ciudades brasileñas y las dificultades de la mayoría de la sociedad afectan también la calidad de vida de los refugiados, admitió Aline Thuller, coordinadora de la organización humanitaria Caritas, vinculada a la Iglesia Católica.

“La mayoría de los refugiados viven en comunidades con carencias y en favelas (barrios hacinados y pobres). Ellos tienen los mismos derechos a los servicios públicos y las mismas dificultades que sufren los brasileños. La mayoría trabaja en el sector informal”, detalló Thuller a IPS.

Según la coordinadora de la institución, “todavía hay mucho prejuicio, los refugiados son confundidos con forajidos por desconocimiento de ese estatus”.

Caritas recibía anteriormente mayormente hombres angoleños, que huían del reclutamiento forzoso durante la guerra civil en su país. Ahora, a Río de Janeiro arriban muchas mujeres embarazadas y con hijos, y familias enteras.

Río de Janeiro es el segundo estado brasileño que más refugiados recibe después de São Paulo, y está ultimando un plan regional de atención a los acogidos.

“La gente creó grupos de trabajo divididos en ejes temáticos e incluyen actividades prácticas para facilitar el acceso a derechos básicos por parte de los refugiados”, explicó la coordinadora de Caritas.

El creciente consenso, impulso y compromiso por erradicar el hambre mundial puede parecer abiertamente ambicioso en vista del lento progreso logrado en las últimas décadas en reducir la cantidad de hambrientos en el planeta.

Jomo Kwame Sundaram. Crédito: FAO/Alessia Pierdomenico.

Después de todo, que hayan bajado los precios de los alimentos en la segunda mitad del siglo XX, gracias a una mayor producción, no fue suficiente para eliminar la pobreza y el hambre en el mundo.

En los años 60 y 70, varios gobiernos invirtieron mucho para aumentar la producción agrícola, especialmente la alimentaria. En la segunda mitad del siglo XX, la productividad agrícola creció rápidamente. La intensa competencia de precios abarató los alimentos, y los consumidores se beneficiaron más de las ganancias derivadas de la productividad, ayudando así a reducir la pobreza.

Mientras, en las últimas décadas, los agronegocios transnacionales se enriquecieron gracias a las innovaciones en la producción agrícola, el crédito, el procesamiento y las cadenas de valor en materia de mercadotecnia.

Más recientemente, los precios de los alimentos volvieron a subir, en parte debido a que las inversiones públicas se redujeron en las últimas décadas, el aumento de la productividad fue más lentos en los últimos 10 años y hubo recientes incrementos en la demanda de cultivos alimentarios.

Pero el reciente aumento en los precios está asociado no solo con cambios significativos en la oferta y la demanda, sino también con las políticas y los subsidios de los biocombustibles, además de que existe una especulación mucho mayor con las materias primas.

En el caso improbable de que los precios de los alimentos vuelvan a bajar luego de los incrementos registrados desde 2006, estos productos se volverían más accesibles, al tiempo de que reducirían los ingresos de los agricultores y el incentivo para producir más comestibles, lo que podría volver a determinar su carestía.

¿Redistribución fiscal?

Los países pobres están doblemente en desventaja, debido a sus limitadas capacidades de recauadación impositiva, pues solo pueden cobrar bajos tributos sobre bajos ingresos. Además de que existen unos gravámenes un tanto excesivos sobre los pequeños agricultores, las transferencias de recursos de las zonas urbanas a las rurales, a través del sistema fiscal u otros acuerdos, soy muy modestas.

El gasto de los gobiernos para aumentar la producción agrícola, la productividad y los ingresos también está moldeado por consideraciones políticas, especialmente por el deseo de asegurarse el apoyo político en zonas rurales. Sin embargo, con pocas notables excepciones, el gasto gubernamental en agricultura raramente está sesgado hacia los pobres.

Aunque los impuestos agrícolas generalmente son proporcionales a la tierra que se posee o a la producción que se genera, esas inversiones públicas tienden a beneficiar a los que están en una posición relativamente más acomodada, ya que buena parte del gasto rural beneficia a los grandes cultivadores más que a los pequeños productores, arrendatarios o aparceros.

Esto es generalmente lo que ocurre también cuando se mejora la infraestructura rural o con los servicios sociales, entre ellos la salud y la educación, así como el apoyo agrícola, bajo la forma de fertilizantes subsidiados u otros insumos, típicamente distribuidos según la cantidad de tierra que se posea.

No obstante, los pobres pueden haberse beneficiado hasta ahora, dado que la creciente marea de una mayor producción parece elevar a todos los barcos por igual.

Protección social necesaria

Actualmente se produce suficiente comida para alimentar a todos en el mundo. El problema es que la mayoría de los hambrientos no pueden darse el lujo de alimentarse de modo adecuado, por carecer de los medios para hacerlo. Por lo tanto, la única manera de reducir el hambre en el corto plazo es potenciar los ingresos de los pobres.

Más de las tres cuartas partes de los alrededor de 1.200 millones de pobres del mundo, según el criterio de “un dólar al día”, viven en zonas rurales. Por esto, reducir la pobreza requerirá ingresos rurales significativamente más altos, especialmente para los pobres. Como la mayor parte de los ingresos rurales están relacionados con la agricultura, aumentar la productividad puede ayudar a aumentarlos.

Sin embargo, para concretar el compromiso de “que nadie quede rezagado” en vista del prolongado enlentecimiento económico mundial, el mayor subempleo y el desempleo de los próximos años, la única manera de erradicar el hambre pronto será estableciendo un piso de protección social.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2011 la recomendación de establecer un piso de protección social, lo que implica que los medios para hacerlo están disponibles.

Históricamente, la protección social se ha desarrollado en relación al empleo asalariado del sector formal urbano. Pero, en los países en desarrollo, el aprovisionamiento social rural a menudo ha involucrado lo que se conoce con el término inglés de “workfare”, o prestaciones sociales condicionadas, en vez del estado de bienestar, como ocurre con la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural de India.

El enfoque distintivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en relación a las transferencias de efectivo –lo que acelera la transición “de la protección a la producción”- ayuda a garantizar medios más sostenibles para superar el hambre y la pobreza, cimentando el camino para lograr el Reto del Hambre Cero.

*Jomo Kwame Sundaram es diector general adjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Social en la FAO.

El creciente consenso, impulso y compromiso por erradicar el hambre mundial puede parecer abiertamente ambicioso en vista del lento progreso logrado en las últimas décadas en reducir la cantidad de hambrientos en el planeta.

Jomo Kwame Sundaram. Crédito: FAO/Alessia Pierdomenico.

Después de todo, que hayan bajado los precios de los alimentos en la segunda mitad del siglo XX, gracias a una mayor producción, no fue suficiente para eliminar la pobreza y el hambre en el mundo.

En los años 60 y 70, varios gobiernos invirtieron mucho para aumentar la producción agrícola, especialmente la alimentaria. En la segunda mitad del siglo XX, la productividad agrícola creció rápidamente. La intensa competencia de precios abarató los alimentos, y los consumidores se beneficiaron más de las ganancias derivadas de la productividad, ayudando así a reducir la pobreza.

Mientras, en las últimas décadas, los agronegocios transnacionales se enriquecieron gracias a las innovaciones en la producción agrícola, el crédito, el procesamiento y las cadenas de valor en materia de mercadotecnia.

Más recientemente, los precios de los alimentos volvieron a subir, en parte debido a que las inversiones públicas se redujeron en las últimas décadas, el aumento de la productividad fue más lentos en los últimos 10 años y hubo recientes incrementos en la demanda de cultivos alimentarios.

Pero el reciente aumento en los precios está asociado no solo con cambios significativos en la oferta y la demanda, sino también con las políticas y los subsidios de los biocombustibles, además de que existe una especulación mucho mayor con las materias primas.

En el caso improbable de que los precios de los alimentos vuelvan a bajar luego de los incrementos registrados desde 2006, estos productos se volverían más accesibles, al tiempo de que reducirían los ingresos de los agricultores y el incentivo para producir más comestibles, lo que podría volver a determinar su carestía.

¿Redistribución fiscal?

Los países pobres están doblemente en desventaja, debido a sus limitadas capacidades de recauadación impositiva, pues solo pueden cobrar bajos tributos sobre bajos ingresos. Además de que existen unos gravámenes un tanto excesivos sobre los pequeños agricultores, las transferencias de recursos de las zonas urbanas a las rurales, a través del sistema fiscal u otros acuerdos, soy muy modestas.

El gasto de los gobiernos para aumentar la producción agrícola, la productividad y los ingresos también está moldeado por consideraciones políticas, especialmente por el deseo de asegurarse el apoyo político en zonas rurales. Sin embargo, con pocas notables excepciones, el gasto gubernamental en agricultura raramente está sesgado hacia los pobres.

Aunque los impuestos agrícolas generalmente son proporcionales a la tierra que se posee o a la producción que se genera, esas inversiones públicas tienden a beneficiar a los que están en una posición relativamente más acomodada, ya que buena parte del gasto rural beneficia a los grandes cultivadores más que a los pequeños productores, arrendatarios o aparceros.

Esto es generalmente lo que ocurre también cuando se mejora la infraestructura rural o con los servicios sociales, entre ellos la salud y la educación, así como el apoyo agrícola, bajo la forma de fertilizantes subsidiados u otros insumos, típicamente distribuidos según la cantidad de tierra que se posea.

No obstante, los pobres pueden haberse beneficiado hasta ahora, dado que la creciente marea de una mayor producción parece elevar a todos los barcos por igual.

Protección social necesaria

Actualmente se produce suficiente comida para alimentar a todos en el mundo. El problema es que la mayoría de los hambrientos no pueden darse el lujo de alimentarse de modo adecuado, por carecer de los medios para hacerlo. Por lo tanto, la única manera de reducir el hambre en el corto plazo es potenciar los ingresos de los pobres.

Más de las tres cuartas partes de los alrededor de 1.200 millones de pobres del mundo, según el criterio de “un dólar al día”, viven en zonas rurales. Por esto, reducir la pobreza requerirá ingresos rurales significativamente más altos, especialmente para los pobres. Como la mayor parte de los ingresos rurales están relacionados con la agricultura, aumentar la productividad puede ayudar a aumentarlos.

Sin embargo, para concretar el compromiso de “que nadie quede rezagado” en vista del prolongado enlentecimiento económico mundial, el mayor subempleo y el desempleo de los próximos años, la única manera de erradicar el hambre pronto será estableciendo un piso de protección social.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó en 2011 la recomendación de establecer un piso de protección social, lo que implica que los medios para hacerlo están disponibles.

Históricamente, la protección social se ha desarrollado en relación al empleo asalariado del sector formal urbano. Pero, en los países en desarrollo, el aprovisionamiento social rural a menudo ha involucrado lo que se conoce con el término inglés de “workfare”, o prestaciones sociales condicionadas, en vez del estado de bienestar, como ocurre con la Ley Nacional de Garantía del Empleo Rural de India.

El enfoque distintivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en relación a las transferencias de efectivo –lo que acelera la transición “de la protección a la producción”- ayuda a garantizar medios más sostenibles para superar el hambre y la pobreza, cimentando el camino para lograr el Reto del Hambre Cero.

*Jomo Kwame Sundaram es diector general adjunto del Departamento de Desarrollo Económico y Social en la FAO.

Desde su creación en 2007 para ayudar a las naciones del Sur a luchar contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo, las enfermedades y la discriminación, el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio (F-ODM) financió alrededor de 130 programas conjuntos en 50 países.

Regina Gallego, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), agencia que supervisa los esfuerzos hacia los ODM, dijo que solo el programa del Fondo sobre nutrición ayudó a redactar o revisar unos 25 planes nacionales sobre el tema, estimuló la creación de 270 escuelas y jardines comunitarios, y mejoró el acceso a la salud de unos 534.000 ciudadanos.

“Directa o indirectamente, nuestra contribución mejoró el estatus nutricional de más de 900.000 niños y niñas, así como de 170.000 mujeres embarazadas y madres lactantes”, dijo Gallego, especialista del PNUD en gestión del conocimiento.

El F-ODM, por 700 millones de dólares, es un esfuerzo de colaboración entre el gobierno de España y la ONU (Organización de las Naciones Unidas), involucrando a varias agencias.

El financiamiento está concentrado ocho temas: infancia, seguridad alimentaria y nutrición; igualdad de género y empoderamiento de mujeres; ambiente y cambio climático; empleo juvenil y migraciones; gobernanza económica democrática; desarrollo y sector privado; prevención de conflictos y consolidación de la paz; y cultura y desarrollo.

Raúl de Mora Jiménez, especialista en comunicaciones del PNUD, dijo a IPS que el Fondo trabaja activamente asistiendo a varios países.

Por ejemplo, actualmente está trabajando en mejorar las condiciones de los indígenas en Brasil, donde cuatro de cada 10 viven en pobreza extrema y más de la mitad de los niños y las niñas presentan anemia.

La Iniciativa de los Eco-hornos es parte de un programa conjunto de la ONU llamado “Promoviendo la seguridad alimentaria y la nutrición para niños y niñas indígenas de Brasil”, una colaboración entre el gobierno del país sudamericano y cinco agencias del foro mundial destinada a mejorar el nivel nutricional de poblaciones nativas.

Las cinco agencias son la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el PNUD.

En Perú, los niños y niñas indígenas de las regiones de los Andes y la Amazonia presentan unas de las tasas de desnutrición más altas del mundo: más de la mitad sufren desnutrición crónica, y muchos son anémicos y presentan deficiencias de vitamina A.

El F-ODM respalda los esfuerzos del gobierno peruano para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en cuatro de las regiones más pobres del país, acelerando la implementación de la estrategia nacional CRECER.

En Etiopía, la nutrición mejoró para los niños y las niñas menores de cinco años, destacó Jiménez, pero esto se debe acelerar aun más para que ese país africano logre la meta de reducir para 2015 el número de personas que sufren hambre.

Con ese fin, el gobierno etíope desarrolló una Estrategia de Nutrición Nacional y un Programa de Nutrición Nacional, que se enmarcan en el programa conjunto del F-ODM.

En Vietnam, el programa del F-ODM está concentrado en mejorar la seguridad alimentaria a través de un aumento de la producción y del consumo de alimentos de calidad, así como en la administración de suplementos nutricionales.

Esta es tanto una estrategia de corto plazo para tratar los actuales niveles de desnutrición –a través de suplementos de hierro y vitamina A- como una estrategia de largo plazo para proveer una dieta de mayor calidad a través de sistemas de producción mejorados, incluyendo productos animales (carne y leche) y de acuicultura.

Gallego dijo a IPS que la tendencia general de los indicadores de los ODM muestra que, a pesar de los progresos, erradicar el hambre extrema sigue siendo un gran reto.

Se estima que están desnutridas unas 850 millones de personas, o cerca de 15 por ciento de la población global, mientras que uno de cada cinco niños menores de cinco años en el Sur en desarrollo tienen un peso inferior al adecuado.

Pero la seguridad alimentaria está comenzando a ganar terreno en las agendas nacionales de una forma sistemática y estructurada, destacó.

Gallego sostuvo que se pudieron extraer varias lecciones de los programas del F-ODM, y por tanto aseguró que es posible alcanzar la meta de reducir a la mitad la proporción de personas que sufren extrema pobreza.

Se tiene que trazar un vínculo entre seguridad alimentar y nutrición para concretar el Reto del Hambre Cero, afirmó.

Para asegurar que la gente tenga suficiente alimento, pero sobre todo alimento nutritivo, es necesario reconocer el estrecho nexo entre ambos temas, sostuvo.

“En otras palabras, no se debe considerar solo la cantidad de alimento, sino también otros aspectos, como el valor nutritivo y su accesibilidad, así como la calidad de salud, el estatus socioeconómico y el nivel de conocimientos de la población”, agregó.

Casi 12 años después de que Estados Unidos desalojó al Talibán del poder en Afganistán, la Casa Blanca anunció que iniciará conversaciones formales con ese movimiento islamista a fines de esta semana en Qatar como parte de un proceso de reconciliación nacional afgano.

El anuncio coincidió el martes 18 con las ceremonias en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cedió formalmente la responsabilidad de la seguridad en Afganistán a las fuerzas locales.

Antes, el Talibán había divulgado un comunicado en el que implícitamente se desvinculada de la red extremista Al Qaeda.

El Talibán “no permitirá que nadie amenace la seguridad de otros países desde el suelo de Afganistán”, dijo Muhammad Naim, portavoz del movimiento, en un programa televisivo desde Doha. Además, aseguró que el grupo procura “una solución política y pacífica” al conflicto.

“Esas son dos declaraciones que hemos esperado por mucho tiempo”, dijo a periodistas un funcionario estadounidense que pidió no ser identificado.

“Estas declaraciones representan un primer e importante paso hacia la reconciliación, un proceso que, después de 30 años de conflicto armado en Afganistán, sin duda será complejo, largo y entreverado, pero de todas formas es un importante primer paso”, añadió.

También instó al Talibán y al presidente afgano Hamid Karzai a iniciar negociaciones “pronto”.

Al hablar en la cumbre del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos, en Irlanda del Norte, el presidente estadounidense Barack Obama también calificó la apertura del Talibán de un “importante primer paso hacia la reconciliación”, pero adelantó que “habrá muchos escollos en el camino”.

También subrayó que Washington permanece “plenamente comprometido” con sus “esfuerzos militares para derrotar a Al Qaeda y para apoyar a las Fuerzas de Seguridad Nacional de Afganistán”.

Críticos de la operación militar estadounidense en Afganistán señalaron que el anuncio del martes supone un importante cambio en vísperas de que venza el plazo, en 2014, para el repliegue de prácticamente todas las fuerzas extranjeras de ese país de Asia central.

La mayoría de los expertos en Washington creen que, a lo sumo, 10.000 soldados estadounidenses, más unos 4.000 de otros países de la OTAN, permanecerán en el terreno más allá de ese plazo, entrenando a las fuerzas locales y formando unidades contraterroristas concentradas en prevenir acciones de Al Qaeda.

“Estados Unidos y Karzai ahora saben que deben lograr un acuerdo con el Talibán, que no puede ser derrotado militarmente”, dijo William Goodfellow, director del Centro para Políticas Internacionales, de Washington.

“El problema es que, en los últimos 11 años fueron los militares (de Estados Unidos) quienes condujeron el show y, para ellos, negociar equivale a una derrota. Hoy nos estamos alejando de la política de procurar vencer por la fuerzas de las armas al Talibán y nos enfocamos en una que busca una solución política”, indicó.

La apertura del Talibán se produce también en medio de una serie de indicios de que tanto la Casa Blanca como el Congreso legislativo estadounidense quieren reducir sus compromisos con Afganistán lo antes posible.

La semana pasada, la mayoría de la Cámara de Representantes, liderada por el opositor Partido Republicano, aprobó una enmienda a un proyecto de ley sobre el repliegue de tropas de Afganistán.

La enmienda eliminó una cláusula que permitía tácitamente la presencia de Estados Unidos en Afganistán después de 2014, y la reemplazó por otra que requiere una explícita autorización del Congreso para ello.

Unos 66.000 soldados estadounidenses permanecen en Afganistán, frente a los 100.000 que había hace dos años, luego de la estrategia antiterrorista “surge” (embate).

La administración de Obama está ahora inmersa en un gran debate interno sobre el ritmo en el que se debe llevar a cabo el repliegue de las tropas remanentes antes del plazo de 2014 y cuántos uniformados se quedarán a partir de ese año.

Para que Washington mantenga soldados en Afganistán será necesario que Karzai, o quien lo suceda tras las elecciones presidenciales de 2014, esté dispuesto a brindarles a estos determinadas garantías, incluyendo una polémica inmunidad penal.

El Departamento de Defensa estadounidense quiere mantener la mayor cantidad posible de soldados, sobre todo pensando en la próxima “temporada de combates”, que va de fines de la primavera boreal hasta el otoño.

Los líderes del Pentágono están convencidos de que aún pueden dar duros golpes al Talibán, debilitando así la posición del movimiento islamista en las negociaciones.

Pero Obama, quien durante su campaña presidencial de 2008 describió el conflicto en Afganistán como una “guerra de necesidad”, parece cada vez más desencantado con la estrategia contraterrorista en ese país.

Hace dos años, la entonces secretaria de Estado (canciller), Hillary Rodham Clinton, anunció el apoyo de Washington a negociaciones directas con el Talibán.

Sin embargo, a pesar de una serie de reuniones informales con representantes del movimiento islamista, auspiciadas por varios países europeos y Qatar, el Departamento de Estado parece incapaz todavía de quitarle el control de las políticas al Pentágono y a sus partidarios en el Congreso.

Con una osada estrategia, el gobierno de Brasil consiguió reducir la deforestación de la Amazonia en 84 por ciento en los últimos ocho años. Pero si se contabilizan los recursos naturales y los pesticidas utilizados en la producción agropecuaria, ese avance ambiental merma.

El logro fue presentado este mes por la presidenta de Brasil, la izquierdista Dilma Rousseff, y su ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, con el tono de “tarea casi cumplida”, dijo a IPS el director del gubernamental Departamento de Políticas de Combate a la Deforestación de la Amazonia, Gustavo Oliveira.

Entre agosto de 2011 y julio de 2012, se deforestaron 4.571 kilómetros cuadrados de la Amazonia, la cifra más baja desde que en 1988 el Instituto de Investigaciones Espaciales estableció el control satelital. Esto supuso una caída de 27 por ciento respecto del mismo periodo precedente.

“Llegamos al menor índice de deforestación de toda la serie histórica, iniciada en 1988”, dijo el alto funcionario ambiental.

En 2004, cuando se estableció el interministerial Plan de Acción para la Prevención y Control de la Deforestación, Quemas y Explotación Maderera Ilegal en el bosque amazónico, la pérdida fue de 27.772 kilómetros cuadrados. La deforestación de 2012 representa una caída de 84 por ciento desde que comenzó el plan, dijo Teixeira.

La región amazónica ocupa 5.033.072 kilómetros cuadrados, 61 por ciento del territorio brasileño, y la caída de su deforestación contribuyó en forma esencial a que el país se acerque a cumplir la meta de reducción de emisiones de gases que provocan el recalentamiento del planeta.

Para 2020, Brasil se comprometió voluntariamente a reducir la deforestación en 80 por ciento, respecto del nivel de 1990. “Ya alcanzamos 76 por ciento de esa meta”, resaltó la ministra el día 5.

“Varios sectores contribuyeron a eso. El gobierno federal al mejorar la fiscalización, redujo la tala ilegal de madera en la Amazonia, así como la expansión de la quema de la  superficie forestal para actividades agropecuarias”,  dijo Carlos Painel, de la no gubernamental Alternativa Tierra Azul.

El plan se lanzó al comienzo del gobierno del también izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), con tres ejes entrecruzados: mayor control y castigo contra la tala ilegal, estimulo a las actividades sustentables y ordenamiento territorial.

Con este último se crearon las unidades de conservación forestal, que totalizan 250.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a 75 por ciento de las áreas bajo protección ambiental del mundo, según cifras oficiales locales.

Los ambientalistas celebran los resultados, pero alertan sobre aspectos colaterales y amenazas futuras.

“Hubo un retroceso el último año, principalmente después de la aprobación del nuevo Código Forestal”, subrayó Painel a IPS.

Ese polémico código, promovido por el poderoso sector agropecuario, revirtió la caída de la deforestación “poniendo nuevamente en peligro a la Amazonia”, sostuvo.

Bajo su manto, por ejemplo, se estableció una amnistía a los taladores ilegales anteriores a julio de 2008. Eso apoyó una sensación de impunidad entre los grandes productores agropecuarios y los madereros ilegales, aseguró a IPS el exdiputado Fernando Gabeira, del Partido Verde.

“Esos actores de la Amazonia entendieron que era necesario seguir deforestando lo más rápido posible”, dijo.

Gobierno y ambientalistas consideran que en las “cuentas amazónicas” debe incluirse un factor adicional: la expansión económica de un país que crece como potencia mediante dos pilares, la producción agropecuaria y la minería.

Brasil es uno de los mayores exportadores de soja, carne y azúcar, y su meta es transformarse en el mayor productor mundial de alimentos. China es actualmente el principal importador de la oferta agropecuaria brasileña.

“La deforestación depende mucho del crecimiento económico, y sobre todo ahora depende mucho de China, que compra soja, carne y minerales. De la relación con la nación asiática depende mucho el proceso futuro”, destacó Gabeira.

Painel aseguró que, junto con los madereros ilegales,  la expansión en tierras amazónicas de cultivos como la soja y de la cría ganadera son factores que inciden fuertemente en la deforestación del territorio.

Agregó que “es importante que en la producción agrícola se contemplen todos los insumos”. “No están contabilizados los recursos naturales utilizados, ni existe una producción más orgánica y sustentable”, criticó.

Recordó, además, que actualmente Brasil es el mayor consumidor mundial de pesticidas y que el país no incluye en la cuenta de su crecimiento económico ni en sus exportaciones costos como el agua consumida por el llamado agronegocio.

“Por cada kilogramo exportado de carne se consumen miles de litros de agua, recurso que es mundialmente un bien precioso”, ilustró.

El ambientalista mencionó otros recursos naturales que no se restan a los logros, como el uso de la tierra, “un recurso que pocos países tienen como Brasil”.

Tampoco descuentan el “exagerado” consumo de combustibles para la producción y el transporte terrestre utilizado mayormente para llegar a los puertos.

“La cuenta tiene que incluir otros factores como la sustentabilidad, la cuestión social, el beneficio del país y principalmente la inversión en una nueva tecnología que aumente la producción con menos recursos naturales y  sin contaminantes”, añadió.

“No tenemos por qué asumir el papel de alimentar al mundo. Podemos contribuir. Pero esa no es la función de Brasil, la de alimentar a miles de millones de puercos de China con granos de soja”, opinó.

Según el Ministerio de Medio Ambiente, las áreas de pasto y de vegetación secundaria (con bosque en crecimiento) crecieron 22 por ciento entre 2008 y 2010. Los pastizales ocupan crecientemente áreas de reciente deforestación.

“Esto demuestra que es posible producir de forma sustentable con la preservación del ambiente mediante prácticas agrícolas sustentables”, dijo la ministra Teixeira.

Pero el gobierno admite que para mantener resultados positivos en la Amazonia es necesario reforzar la promoción de actividades económicas sustentables y asegura que el plan pasará a enfocarse en ello.

Oliveira mencionó, como ejemplo, la cantidad de tierras amazónicas aún sin adjudicar, que podrían convertirse en áreas para un manejo forestal sustentable, para el asentamiento de poblaciones o para producción.

“Tenemos que separar la paja del trigo porque existen personas de buena fe que están en la Amazonia trabajando correctamente, respetando la legislación ambiental y construyendo un futuro de forma correcta”, explicó.

Pero, infelizmente, la mayoría persiste en comportamientos ilegales, agregó.

Una experiencia positiva en ese sentido, según Oliveira, es el pacto de no comprar soja de áreas deforestadas, vigente desde 2008 y cumplido por 90 por ciento de los empresarios.

También existe un compromiso pecuario para que los frigoríficos no adquieran carne de áreas deforestadas ilegalmente.

Brasil no puede bajar la guardia en demostrar que puede crecer y mantener sus bosques, expresó el responsable de reducir la deforestación amazónica.

Painel cree que para ello habrá que “cambiar la visión del agronegocio en Brasil”. “Tiene un papel importante en la economía nacional, pero su rumbo está totalmente atrasado”, sostuvo.

Salvo pocas excepciones, “los grandes productores quieren el mayor número de tierras posibles y por eso avanzan sobre unidades de conservación, avanzan sobre territorios indígenas, avanzan sobre ríos… no tienen ningún pudor en acelerar al máximo el proceso de deforestación para la producción”, concluyó.

Hijos de una generación que luchó por acceder a beneficios básicos como comer, leer y no morir en un hospital, los más de 300.000 estudiantes que salieron a las calles de Brasil quieren más de un sistema democrático y económico que ya no los representa, y que comienza a mostrar sus límites.

Convocados por redes sociales como Facebook, los manifestantes de entre 15 y 25 años que copan el centro de las principales ciudades brasileñas no piden comida, ni escuelas ni salud. Tampoco se manifiestan solo contra el aumento de 20 centavos de reales (10 centavos de dólar) en el boleto de los autobuses urbanos de São Paulo, donde nació el movimiento.

Piden más: un transporte público que sea mejor y más barato o gratuito, educación y salud mejores, que haya menos corrupción, más esparcimiento y que no se los reprima.

Estos jóvenes no vivieron los años de dictadura (1964-1985) ni son parte de la masa de pobres que en una década de gobierno el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), primero encabezado por Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y ahora por Dilma Rousseff, consiguió reducir en 40 millones, aliviando la deuda histórica de la desigualdad.

“La izquierda siempre tuvo dificultad para entender a la juventud… Es un período específico de la vida, abierto a las utopías, a la rebeldía, a la saludable falta de respeto a las autoridades, a la bronca contra las injusticias”. Emir Sader.
Muchos de ellos integran hoy una nueva clase media que, como en el caso de Flavio Magalhaes, de 15 años, reclaman que lo gastado mensualmente en autobús “podría hasta invertirse en la bolsa de valores”.

Pero intuitiva o conscientemente, sufrieron la furia de los manifestantes sucursales de bancos, con los que está endeudada más de la mitad de la población y que están entre los que más se enriquecieron en la última década.

Otro blanco fue el parlamento, en Brasilia, donde se entretejen alianzas, inconcebibles en el pasado, entre partidos que representaban el cambio, como el PT, y los de la vieja derecha o de las agrupaciones evangélicas, que rechazan leyes reivindicadas por los jóvenes.

“El gobierno no tiene políticas para la juventud. No coloca el tema de la despenalización del aborto, está en contra de legalizar las drogas livianas. Solo últimamente incentiva la difusión de Internet, pero no hay proyecto de democratización de los medios de comunicación. Nunca fueron específicamente contemplados”, responde a IPS el sociólogo Emir Sader, un histórico militante del PT.

“Repudian la corrupción y la complicidad de fuerzas que se presentan como progresistas con aquellas que son los símbolos del atraso”, acota a IPS el politólogo Williams Gonçalves, de la Universidad Estadual de Río de Janeiro.

En la campaña electoral de hace 14 años, cuando el PT causaba pánico al mundo financiero y a las clases media y alta temerosas de perder privilegios, el obispo Mauro Morelli se sorprendía por ese temor.

“No entienden que Lula no va a hacer la revolución, sino que apenas llevará a este país del feudalismo al capitalismo”, precisaba entonces el prelado, uno de los creadores del programa “Hambre cero”, que sacó de la indigencia a 28 de millones de brasileños.

Un feudalismo entendido por latifundios improductivos, trabajo rural esclavo, analfabetismo y emigraciones a las ciudades, luz de velas en el campo, condiciones de saneamiento medievales y represión a mano de terratenientes productores de cacao y caña de azúcar.

Y lo consiguió en parte.

Desde 2003, las inversiones en salud aumentaron de 22.000 millones de reales (11.000 millones de dólares) a 71.000 millones (35.000 millones de dólares), y las de educación de 6.000 millones (3.000 millones de dólares) a 35.000 millones (17.000 millones de dólares), equivalente a “10 mundiales de fútbol”, comparó el PT en redes sociales, en respuesta a la ofensiva opositora.

Los manifestantes enarbolaron pancartas con textos como “Si su hijo está enfermo, llévelo al estadio”, entre otras críticas a las millonarias inversiones para la Copa de las Confederaciones de Fútbol, actualmente en curso, la Copa Mundial de la FIFA 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.

El feudalismo rural fue superado por otros avances, como el plan Bolsa Familia y otros para más de cuatro millones de campesinos, aunque todavía no cambia la alta concentración de la tierra.

Pero el campo y la ciudad piden más. Acceso al crédito inmobiliario para no pagar alquileres o no tener que acudir a medicina privada y que no sean reprimidos por una policía militar provincial que, pese a cambios en marcha, conserva resabios del pasado.

Fue precisamente la desproporcionada represión de las primeras protestas lo que estimuló la concurrencia masiva en las siguientes. “Vine por el aumento del pasaje y nuestro derecho a protestar. Cuanta más represión, más gente vendrá”, alerta Brenda de Castro, de 17 años, una de las manifestantes de Río de Janeiro.

Para Rousseff, “este mensaje directo de las calles”, refuerza la democracia. “Mi gobierno, que quiere ampliar el acceso a la educación y a la salud, comprende que las exigencias de la población cambian”, señala.

“Cambian cuando cambiamos Brasil porque incluimos, porque elevamos la renta, ampliamos el acceso al empleo, porque dimos acceso a más personas a educación. Surgieron ciudadanos que quieren más y tienen derecho a más”, interpreta.

Gonçalves explica que “las personas, sobre todo los más jóvenes que van ingresando al mercado de trabajo, no siguen eternamente agradecidas por lo que se hizo por ellas. Ese sentimiento solo es observado en sectores más pobres…”.

Por su parte, Marcelo Carreiro, historiador de la Universidad Federal de Río de Janeiro, observa que existe una insatisfacción “absolutamente plural”, pero que tiene “un norte observable: el repudio al sistema democrático representativo y su distanciamiento paulatino y de mucho tiempo de la opinión pública”.

“Es legítimo considerar que es un momento histórico en el cual la capacidad de movilización deja de lado, por la tecnología, a las antiguas estructuras que domaban y jerarquizaban los movimientos de masa, como partidos, sindicatos e iglesias”, dice a IPS.

Las manifestaciones, las mayores desde 1992 contra el entonces presidente Fernando Collor, expresan “un descontento respecto del Estado-Sociedad todavía vigente”, opina el experto en redes sociales Augusto de Franco.

“El sentimiento difuso expresa una indignación con la vieja política, sobre todo con los partidos”, indica un claro rechazo a la privatización de la política”, remarca.

“La izquierda siempre tuvo dificultad para entender a la juventud, porque el esquema economista clásico no permite entender sus particularidades, que no se reducen a sus orígenes sociales. Es un período específico de la vida, abierto a las utopías, a la rebeldía, a la saludable falta de respeto a las autoridades, a la bronca contra las injusticias”, analiza Sader.

El PT, que ya representó esas banderas, hoy no termina de asimilar esas particularidades. “Se ha convertido en un partido de situación, haciendo alianzas con conservadores y notoriamente corruptos”, continúa Gonçalves.

“La corrupción, que se ha instalado en la construcción de estadios de fútbol, y el alarido de los medios sobre la inflación, desencadenaron esta ola de protestas”, apunta.

En la revista Carta Capital, Leonardo Avritzer, señala que tal vez las políticas de inclusión social, “inestimables en un proceso de movilidad social”, llegaron al límite.

Avritzer, sociólogo de la Universidad Federal de Minas Gerais, sostiene que hay que pensar en una mejora de la infraestructura, desde transportes públicos hasta más carreteras y puentes.

La pregunta es si el PT no tendrá que atravesar otros puentes más osados. “La gente quiere más políticas en el sentido del “viejo Estado de bienestar social”, considera el economista Adhemar Mineiro.

“Vemos carteles como ‘¿Tiene dinero para invertir en el mundial? Pues invierta en profesores’, por lo tanto no es que el modelo de inclusión se agotó, sino que la gente quiere la ampliación de ese modelo”, añade.

La respuesta espera urgente del otro lado de la calle. “¿Primavera tropical? No. Es Brasil despertándose de la inercia”, sintetiza Pedro, biólogo de 24 años, sumándose a las protestas.

Edward Snowden, empleado de la empresa privada de inteligencia Booz Allen Hamilton, filtró información sobre la Agencia Nacional de Seguridad, de Estados Unidos, en especial sobre el área de los contratistas, que insume alrededor de 70 por ciento de los 52.000 millones de dólares del presupuesto nacional destinados a los servicios secretos.

Algunos analistas aprovecharon las revelaciones de Snowden para denunciar el papel de los contratistas privados en el gobierno y en la seguridad nacional, y arguyeron que debe quedar en la órbita de organismos públicos.

Pero sus críticas no dan en el blanco, pues se volvió muy difícil separar ambas esferas.

Es que están totalmente entrelazados los funcionarios de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), que incluye a las de entidades como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), y los empleados de compañías como Booz Allen Hamilton.

El papel que desempeñan en el sector privado se entrelaza con el que realizan para el gobierno, promocionándose entre sí y actuando en su propio provecho, lo que vuelve redundante la clásica rotación de personal entre estos dos ámbitos.

Snowden, un administrador de sistemas del Centro de Operaciones de Amenazas de la NSA en Hawaii, trabajó para la CIA y para la compañía de servicios de informática Dell antes de unirse a Booz Allen. Pero el oscuro papel que pudo desempeñar palidece al lado del que tuvieron otros.

Para comprender esta compleja trama, hay que remontarse a R. James Woolsey, un exdirector de la CIA que compareció ante la Cámara de Representantes en el verano boreal de 2004, para promover la idea de integrar los programas de espionaje extranjero e interno para perseguir “terroristas”.

Un mes después apareció en el canal de televisión MSNBC hablando sobre la urgente necesidad de crear una nueva agencia de inteligencia que ayude a ampliar el aparto de vigilancia nacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.

En ninguna de esas apariciones públicas, Woolsey mencionó que era vicepresidente de seguridad estratégica global de Booz Allen, cargo que desempeñó entre 2002 y 2008.

“La fuente de información sobre las vulnerabilidades de un posible ataque sobre nuestro territorio no va a depender de la inteligencia extranjera, como durante la Guerra Fría”, opinó.

“Los terroristas nos comprenden bien y viven y se organizan donde no los vamos a espiar, en Estados Unidos”, señaló Woolsey ante el comité selecto de seguridad interior de la Cámara de Representantes, el 24 de junio de 2004.

“El problema es que el sector de la inteligencia creció tanto desde 1947, cuando se creó el cargo de director de la inteligencia central, que se volvió imposible desempeñar ambos cargos, dirigir la CIA y manejar todo el sector”, explicó Woolsey tiempo después en otro programa de televisión.

Director de Inteligencia Nacional

Volviendo a 2007, el vicealmirante retirado Michael McConnell, entonces vicepresidente de Booz Allen para política, transformación, seguridad interna y análisis de inteligencia, pasó a ser el segundo al mando de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI, por sus siglas en inglés), responsable de las 17 agencias de seguridad dependientes de Washington.

Y como por coincidencia, su nuevo lugar de trabajo estaba a solo tres kilómetros del anterior.

Tras retirarse como DNI en 2009, McConnell regresó a Booz Allen, donde aún se desempeña como vicepresidente.

En agosto de 2010, el teniente general retirado James Clapper, exvicepresidente de inteligencia militar de Booz Allen (1997-1998), se convirtió en el cuarto DNI, cargo que desempeña hasta hoy.

De hecho, los ejecutivos de Booz Allen ocuparon dicho cargo durante los cinco de sus ocho años de existencia.

Cuando esos dos hombres estuvieron al frente de la seguridad nacional, contribuyeron a su ampliación y privatización como nunca antes.

McConnell, por ejemplo, pidió al Congreso legislativo que modificara la ley de Vigilancia de Inteligencia Exterior para que la NSA pudiera espiar a países extranjeros sin necesidad de una orden, si estos utilizaban tecnología de Internet encaminada por Estados Unidos.

La semana pasada, Snowden reveló a Glenn Greenwald, colaborador del diario británico The Guardian, que la NSA había creado un programa de vigilancia electrónico llamado “Prism”, que le permitía a la agencia espiar los datos electrónicos de ciudadanos del mundo entero, dentro y fuera del territorio estadounidense.

El trabajo de Snowden en las oficinas de Booz Allen en Hawaii era mantener los sistemas de tecnología de la información de la NSA.

Snowden no explicitó cuál era su relación con Prism, pero dijo al diario South China Morning Post que la NSA había pirateado redes troncales, básicamente grandes routers (encaminador) de Internet, que le daban acceso a las comunicaciones de cientos de miles de computadoras sin tener que piratear a cada una”.

Woolsey defendió ese tipo de vigilancia cuando The New York Times reveló las intervenciones telefónicas sin orden judicial realizadas por la NSA en diciembre de 2005.

“A diferencia de la Guerra Fría, nuestras necesidades en materia de inteligencia no están solo en el extranjero”, arguyó ante un comité jurídico del Senado, refiriéndose a la NSA, en febrero de 2006.

“Los tribunales no están preparados para los campos de batalla electrónicos que se mueven con rapidez y en los que se pueden confiscar computadoras de (la red extremista) Al Qaeda o (del libanés) Hezbolá que tienen una gran cantidad de direcciones de correo electrónico y de teléfonos que hay que revisar de inmediato”, explicó.

Relaciones estrechas

Las tareas concretas que Booz Allen hace para el sistema de vigilancia electrónica de la NSA filtradas por Snowden son clasificadas, pero se puede deducir de forma bastante acertada a partir de contratos similares; un cuarto de los ingresos trimestrales de la compañía, unos 5.860 millones de dólares, proceden de agencias de inteligencia.

La NSA, por ejemplo, contrató a esa compañía en 2001 para que asesorara la iniciativa Project Groundbreaker, de 5.000 millones de dólares, para reconstruir y operar los sistemas de redes de computadoras y de teléfonos internos no esenciales.

Booz Allen también obtuvo ese año una gran parte del contrato de Total Information Awareness para acopiar información sobre posibles terroristas en Estados Unidos a partir de registros telefónicos, recibos de tarjetas de crédito y otras bases de datos. Fue un controvertido programa al que el Congreso retiró los fondos en 2003, pero cuyo espíritu sobrevivió en Prism y en otras iniciativas divulgadas por Snowden.

La CIA pagó a un equipo de Booz Allen, encabezado por William Wansley, exfuncionario de inteligencia del ejército, para realizar “planificación estratégica y empresarial” para su Servicio Nacional Clandestino, que realiza operaciones encubiertas y recluta espías extranjeros.

En enero, Booz Allen fue una de las 12 empresas que obtuvo un contrato de cinco años de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, que podría ascender a 5.600 millones de dólares, para concentrarse en “operaciones de redes de computadoras, tecnologías emergentes y perjudiciales y actividades de entrenamiento y capacitación”.

La Armada de Estados Unidos eligió el mes pasado a la misma compañía como parte de un consorcio para trabajar en otro proyecto multimillonario para una “nueva generación de operaciones de inteligencia, vigilancia y combate”.

Booz Allen obtiene esos contratos de varias formas. Además de sus vínculos con el DNI, se jacta de que la mitad de sus 25.000 empleados están autorizados información de inteligencia ultra secreta.

Un tercio de las 1,4 millones de personas con ese permiso, trabajan en el sector privado.

* Con aportes de Jim Lobe

El cambio de la Constitución de Chile, heredada de la dictadura militar, crece como demanda de la sociedad civil organizada, que presiona para avanzar con urgencia hacia una Asamblea Constituyente y coloca el tema como centro de las elecciones de este año.

Esta ley fundamental “fue impuesta en un plebiscito fraudulento en 1980 y ha tenido una cantidad enorme de reformas que corrigieron algunos aspectos, pero que dejaron intacto el sello impuesto por un dictador”, explicó a IPS el sociólogo Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades 2007.

La Constitución del general Augusto Pinochet (1973-1990) fue aprobada en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980, exactamente siete años después del cruento golpe de Estado que derrocó al presidente socialista Salvador Allende (1970-1973).

Colaboradores de la dictadura han testimoniado que en aquel referendo hubo una cantidad notable de votantes que sufragaron “varias veces”, para garantizar el triunfo del “Sí”.

Su primera reforma se produjo en 1989, un año antes del inicio del actual ciclo democrático, y modificó 97 de sus entonces 120 artículos, aunque mayormente solo en aspectos formales.

Durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006) se introdujeron cambios  sustanciales, especialmente la eliminación de senadores vitalicios y designados, como el propio Pinochet, fallecido en diciembre de 2006. En total hubo 31 modificaciones y actualmente los artículos constitucionales son 131.

Pero la dictadura puso un candado a una nueva Constitución o a introducir cambios claves en ella y en varias leyes orgánicas, prácticamente imposibles sin un acuerdo político de dimensiones nunca alcanzadas desde 1990.

Una de estas llamadas “leyes de amarre” es el sistema electoral binominal que sostiene a dos grandes bloques de partidos: la centroizquierdista Concertación por la Democracia, que dirigió el país entre 1990 y 2010, y la gobernante y derechista Coalición por el Cambio.

Para los cargos colegiados cada integrante en el bloque presenta dos candidatos para cada distrito o circunscripción electoral y se suman los votos de cada agrupación para determinar los dos elegidos, lo que apuntala el bipartidismo e impide la emergencia de fuerzas independientes.

Garretón aseguró que esa fórmula “impide que la democracia y la gobernabilidad se afiancen”. Además, el sistema político “no consagra ningún mecanismo de participación de la ciudadanía y plantea  la educación, la salud y otros elementos, no como derechos sino como bienes de consumo”, dijo el experto.

Desde 2011, la ciudadanía comenzó a demandar la eliminación de los candados autoritarios, primero con multitudinarias movilizaciones contra agresiones al ambiente y después con miles de estudiantes movilizados por una educación pública, gratuita y de calidad.

Este año, cuando el 17 de noviembre se realizarán elecciones presidenciales y parlamentarias, las movilizaciones se mantienen, enfocadas en colocar las demandas de la sociedad en la agenda de los candidatos a suceder al derechista Enrique Piñera.

El cambio de la Constitución es transversal en todos los planteamientos.

El 4 de este mes, 161 personalidades del mundo intelectual, académico, social y sindical, cultural y político del país hicieron público un Manifiesto Plebiscito para una Nueva Constitución.

“Lo que se pide es que se devuelva al país, a la ciudadanía, al pueblo, que es el soberano, su posibilidad de decidir qué tipo de Constitución quiere tener”, explicó Garretón, uno de los firmantes.

“No me parece que haya una fórmula mejor que la Asamblea Constituyente” para cambiar la ley fundamental chilena, añadió el sociólogo. “Hay que relegitimar la política, y la mejor manera de hacerlo es a través de un proceso constituyente, en el cual la gente participa y se siente involucrada”, argumentó.

Recordó que en Brasil se realizó una Asamblea Constituyente  en 1988 y generó “el tipo de proceso que hoy día es considerado el modelo para América Latina y para muchos países del mundo”.

La Constitución solo permite celebrar un plebiscito si lo respaldan dos tercios de los votos del parlamento bicameral. Esa sería la vía para preguntar a la ciudanía si se amplían los alcances legales de los referendos y, en caso afirmativo, si aprueba que una Asamblea Constituyente redacte un nuevo texto.

Garretón aseguró que, si la ciudadanía presiona abierta y concretamente a favor de ese plebiscito, los políticos no podrán negarse.

En ese escenario, nació la campaña “Marca tu voto AC”, que impulsan dirigentes y líderes políticos y sociales y convoca a participar en las elecciones y marcar el voto con la sigla AC, con el objetivo de tener un recuento extraoficial del porcentaje de electores que marcan esa opción.

“La Constitución del 80 no es el traje que Chile necesita, más allá de cómo fue hecha. Estamos convencidos de que el país está preparado para una Asamblea Constituyente”, afirmó a IPS la actriz y activista de la campaña Javiera Parada.

La iniciativa pretende “mostrarles a las cúpulas políticas que hoy día la sociedad civil en su conjunto o en una gran mayoría, está dispuesta cambiar la Constitución”, explicó.

“La humanidad hace muchos años estableció que los pueblos tienen el derecho de autodeterminarse y autoorganizarse, no es algo que hayamos inventado nosotros”, añadió.

Los detractores del proceso constituyente citan a Bolivia y Venezuela como “malos ejemplos” del proceso de cambios de la Constitución protagonizado por América Latina. Pero Garretón aseguró que “nunca en la historia política boliviana hubo mayor estabilidad que después de la Asamblea Constituyente”, que culminó en 2009.

La presión por una nueva Constitución ha forzado a los aspirantes presidenciales a pronunciarse sobre la demanda, comenzando por la exmandataria socialista Michelle Bachelet (2006-2010), la favorita para ganar los comicios del 17 noviembre, según los sondeos.

Bachelet, quien participará en las primarias de la Concertación del 30 de junio, adelantó su intención de cambiar la Constitución, pero sin precisar qué mecanismo utilizaría.

Para reafirmar su intención incluyó en su comando electoral al abogado constitucionalista Fernando Atria, uno de los mayores impulsores del cambio de la ley fundamental.

En la otra vereda, Pablo Longueira, precandidato presidencial de la derechista Unión Demócrata Independiente, aseguró que una convocatoria constituyente generaría “incertidumbre, inestabilidad y dudas”, principalmente a los inversionistas.

Incluso más allá llegó el abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce, abierto pinochetista, quien vaticinó que Chile se aproxima a la tercera anarquía de su historia y que la Asamblea Constituyente “sería un paso en esa dirección”.

“Hay que entender que la información, por encima de cualquier cosa, es un servicio social. Si perdemos esa dimensión empezamos a hacer las regulaciones en función de su carácter mercantil y el Estado tiene muchas otras obligaciones, como garantizar la libertad”, sentenció Frank La Rue.

“En América Latina cometimos un error histórico al permitir que prevalezca la versión comercial de la información”, sostuvo La Rue, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión.

Además escuche en este programa:

-Trenes argentinos siguen con rumbo incierto.

- Cuba pone atención en las pérdidas por la contaminación.

Prohibición de reunirse u organizarse social o políticamente y de hablar o escribir en su lengua, desapariciones forzosas, desplazamientos de población y cientos de miles de personas despojadas de documentación… Ser kurdo en Siria antes de la guerra civil era todo un desafío, y lo sigue siendo.

Unos 40 millones de kurdos conforman hoy el mayor pueblo sin estado del mundo, divididos por las fronteras de Iraq, Irán, Turquía y de Siria, donde suman alrededor de tres millones y constituyen así la principal minoría de este último país.

Tras más de cuatro décadas de brutal represión a manos de Hafez Al Assad (1930-2000) primero y luego de su hijo y heredero de la Presidencia, Bashar Al Assad, este pueblo ya tuvo un conato de rebelión en 2004. A nadie extrañó entonces que se sumara al levantamiento en marzo de 2011.

Pocos después, los kurdos se sacudieron el yugo de Damasco a través de sus propios puestos de control, autogestionando una región en la que brotaban centros sociales, escuelas en su lengua y partidos políticos -algunos nuevos y otros que reaparecieron tras décadas de estar en la clandestinidad- protagonizando una auténtica revolución a todos los niveles.

No obstante, se dispararon los rumores en torno a un supuesto pacto entre Damasco y los kurdos. Mientras Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, ubicada 300 kilómetros al norte de Damasco, era arrasada por la aviación gubernamental, milicianos kurdos declaraban a IPS “no haber disparado un solo tiro”.

“Los kurdos de Siria apostamos por una revolución pacífica que trajera paz y democracia a todo el país”, explicaba a IPS en septiembre pasado Salih Muslim, líder del Partido de la Unión Democrática (PYD), el sector político dominante en esta comunidad con una  ideología afín a la del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK).

“Sabíamos que Al Assad no caería en tan solo dos meses, por lo que organizamos a nuestro pueblo en comités de defensa civil para garantizar la seguridad de nuestra gente”, añadía.

Los colores kurdos -amarillo, verde y rojo- son hegemónicos en las zonas bajo su control, mientras que la bandera esgrimida por la oposición árabe del país es la gran ausente.

Hasta ahora, los kurdos de Siria se agrupan en torno a más de 30 partidos políticos.

Algunas de estas agrupaciones mantienen estrechos vínculos con otros partidos de esta etnia de los países vecinos y el espectro de sus demandas abarca desde la creación de una región autónoma similar a la de Iraq -prácticamente un país de facto- hasta el más humilde pero aún ambicioso “reconocimiento de los derechos constitucionales del pueblo kurdo de Siria”, en palabras de Muslim.

“Damasco no tiene miedo de nosotros porque sabe que ni siquiera exigimos una región autónoma, solo reivindicamos el derecho a la autodeterminación individual sin romper el estado Sirio”, detallaba el líder político kurdo más prominente del país.

A las puertas del tercer Ramadán (mes sagrado de la religión islámica) desde el inicio de la guerra civil en Siria, los kurdos mantienen el control de sus zonas en un equilibrio precario que pasa por colaboraciones puntuales con el rebelde Ejército Libre de Siria (ELS) y enfrentamientos armados con grupos supuestamente afines a la oposición árabe, pero también con las tropas de Al Assad.

Y es que uno de los mayores obstáculos, a la hora de llegar a una solución negociada entre las partes, es la cada vez más fragmentada oposición.

La participación de grupos como Jubhat Al-Nusra, afiliado a la red extremista Al Qaeda, ha acrecentado la división entre la insurgencia hasta el punto de que combatientes del ELS han llegado a unirse a la milicia kurda en Alepo, donde los barrios de Sheikh Maqsud y Ashrafieh, en el noroeste de la ciudad y de mayoría kurda, han sido salvajemente bombardeados por la aviación gubernamental.

Hitos

Uno de los mayores logros de los kurdos de Siria desde el inicio de las revueltas fue la unión de todas sus facciones en julio de 2012 bajo los auspicios de Massoud Barzani, presidente de la vecina Región Autónoma Kurda de Iraq. La armonía entre ellos dista aún de ser completa, pero el enemigo común funciona como un poderoso elemento de cohesión.

Al vital apoyo logístico de Barzani podrían sumársele ahora miles de guerrilleros del PKK desde que Abdalá Ocalán, su líder encarcelado, declaró el alto un alto el fuego histórico el pasado marzo.

Sea como fuere, la incertidumbre sobrevuela las cabezas de los kurdos de Siria desde el estallido de la guerra civil: la política de los Assad la conocen, pero ¿sería mejor un gobierno de la oposición árabe?

Desde prácticamente el inicio de las revueltas, altos representantes de la insurgencia árabe siria han declarado públicamente su rechazo a un reconocimiento de los derechos de los kurdos de Siria.

“Esta gente no solo quiere que seamos todos musulmanes, sino que también pretende que seamos todos árabes”, denunciaba Muslim, apuntando a una “mentalidad árabe-islamista arraigada desde hace siglos en la región y perpetuada tanto por Assad como por la oposición árabe”.

Aparentemente, los levantamientos que sacuden el norte de África y Medio Oriente apenas dejan margen de maniobra para aquellos pueblos autóctonos no árabes.

Mientras los bereberes de Libia esperan reconocimiento y derechos en este país desde la caída en 2011 del régimen de Muammar Gadafi, la minoría cristiana copta de Egipto sigue siendo víctima de constantes ataques. Los kurdos también son conscientes de que se habla de una Primavera Árabe, no hay lugar a equívocos.

Por el momento, Damasco parece haber dado un golpe de timón a la guerra consiguiendo importantes avances. El ejército del régimen se despliega sobre Alepo y los kurdos de esta segunda ciudad de Siria, al igual que los del resto del país, se preguntan qué pasará si los soldados de Al Assad acaban finalmente llamando a sus puertas.

“Sus únicos amigos son las montañas”, se ha dicho de este pueblo 1.000 veces masacrado por regímenes locales y traicionado por potencias extranjeras. A pesar de su aislamiento, los kurdos han conseguido importantes avances en las últimas décadas. ¿Serán los de Siria capaces de aprovechar este momento histórico y marcar un nuevo hito?

Con una comunidad internacional dividida entre el apoyo de Rusia e Irán a Damasco y las  potencias occidentales armando a la insurgencia árabe, el esquema recuerda a los tiempos de la Guerra Fría en el que no se contemplan “terceras vías”.

Todo apunta a que la mera supervivencia de los kurdos de Siria dependerá exclusivamente de la solidaridad de sus hermanos en Turquía e Iraq.

En la última edición de “Perspectivas Alimentarias”, la  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) augura que “en el futuro, la quinua podría jugar un papel más importante en el sistema alimentario global, dada su capacidad de adaptación a diferentes regiones agroecológicas y sus cualidades nutricionales superiores”.

Este milenario seudocereal andino ganó reciente popularidad mundial gracias a sus valores nutritivos. El gobierno de Bolivia, principal productor mundial, logró inclusive que las Naciones Unidas declararan 2013 como el Año Internacional de la Quinua.

En el informe publicado el 13 de junio, en antelación de la 38 conferencia bienal que se celebra en Roma, la FAO también estima que la demanda mundial continuará aumentando “con fuerza en los próximos años, impulsada principalmente por los países desarrollados, donde el gasto en alimentos naturales y más saludables es una tendencia al alza”.

El  “grano de oro” es un alimento excepcional, con alto contenido de proteínas, superior al del arroz, el trigo y el maíz. También contiene ocho aminoácidos esenciales y elevadas cantidades de hierro, calcio, magnesio, potasio, fósforo y zinc. Se la digiere con facilidad, tiene poca grasa y está libre de gluten.

La creciente demanda mundial es una buena noticia alimentaria y económica. Pero revela perversidades típicas del mercado global de alimentos.

Según la oficina de estadísticas de la FAO, en el periodo 1992-2010 el área cosechada en los principales países productores –Bolivia, Perú y Ecuador— casi se duplicó, y entre 2005 y 2012 la producción se multiplicó por ocho.

Pero en contraste con la popularidad de la quinua entre consumidores de países industrializados, su consumo en la región andina continúa relativamente bajo, pues sufre el estigma de ser “comida de pobres”, como dijo Valeria Calamaro, activista por el comercio justo de la organización Altromercato.

El boom de la producción andina entraña varios desafíos.

Como su precio de exportación es elevado, desplaza a otras siembras locales, convirtiéndose en monocultivo en tierras montañosas y frágiles del oeste boliviano. También ha provocado una contracción de la ganadería de camélidos como la llama. Menos ganado significa menos estiércol, fertilizante orgánico de uso tradicional para preservar los suelos en esas regiones.La creciente demanda mundial de quinua es una buena noticia alimentaria y económica. Pero revela perversidades típicas del mercado global de alimentos.

“Ante la alta demanda mundial de este alimento, las prácticas tradicionales han sido abandonadas”, dijo el agrónomo Vladimir Orsag, director del Programa de Investigación Estratégica de Bolivia y profesor de la Universidad Mayor de San Andrés.

“La frontera agrícola se amplía en las zonas planas, copando espacios destinados a la ganadería, que siempre fue una actividad complementaria para la agricultura”, añadió.

Esta dinámica no respeta los períodos de descanso de la tierra, “provocando erosión de suelos, una mayor mineralización y pérdida acelerada de materia orgánica, más incidencia de plagas y enfermedades en los cultivos y, por último, disminución de la fertilidad y productividad de los suelos”, describió Orsag desde La Paz, en entrevista telefónica con TerraViva.

En otras palabras, si la demanda internacional sigue en aumento, como prevé la FAO, el cultivo de la quinua no es sostenible en las condiciones actuales.

El gobierno de Bolivia tiene conciencia de estos problemas.

Por un lado, estimula el consumo interno, buscando cambiar los hábitos alimentarios de la población y, por otro, intenta recuperar las técnicas agrícolas más apropiadas.

Según cifras oficiales, del total de la producción nacional de 2012 (50.566 toneladas), solo 24 por ciento, unas 12.00 toneladas se destinó al consumo interno. El gobierno espera que se eleve a 20.000 toneladas este año.

El viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez Mamani, jefe de la delegación boliviana en la conferencia, admite que el boom de la quinua ha provocado erosión.

“Pero estamos recuperando las buenas prácticas agrícolas de nuestros antepasados”, dijo Vásquez Mamani en una entrevista con IPSTV. “Respetamos más los períodos de descanso de la tierra y practicamos lo que llamamos el complejo llama-quinua, para tener abonos agrícolas y mantener la riqueza de los suelos”.

En su opinión, aumento del precio internacional no es determinante del consumo interno. “Los bolivianos en el Altiplano beben mucha cerveza, que es más cara que la quinua. Además, el consumo interno ha crecido de manera proporcional al aumento de la producción y de las exportaciones”, sostuvo.

Las autoridades continúan estimulando el consumo. “Estoy convencido de que también comemos con los ojos. Para que la gente coma más quinua, tenemos que preparar los platos de una manera más apetitosa”, advirtió.

La violencia sexual contra las mujeres se mantiene como un delito silenciado y con un alarmante subregistro en Brasil, donde, por ejemplo, no existen cifras precisas y comparables sobre los casos de violación en sus 27 estados.

“Estamos en alerta total, vamos a denunciar y exigir cambios a las autoridades. También criticamos el tratamiento diferenciado dado a las víctimas que son de clases sociales más pobres”, dijo a IPS la coordinadora de la no gubernamental Casa de la Mujer Trabajadora, Eleuteria da Silva, que opera en el estado de Río de Janeiro.

Para ella, las actuales políticas públicas nacionales y estaduales son insuficientes para prevenir y combatir los delitos sexuales e igualmente deficientes son las medidas de amparo a las víctimas.

“Es un problema coyuntural y crónico a la vez. En rigor, políticas hay, pero carecen de efectividad. No son suficientes para atender las necesidades y eso pese a que el subregistro es grande”, admitió Silva, quien integra el Foro Estadual de Combate a la Violencia contra la Mujer, que articula a 30 organismos.

El 4 de este mes, fue aprobada en el estado de Río de Janeiro la Ley 6.457 que crea Observa Mujer, un sistema integrado de información sobre violencia contra la mujer, explicó a IPS la diputada estadual, Inês Pandeló, del izquierdista Partido de los Trabajadores, redactora del proyecto.

Esta norma establece acciones comunes en los 92 municipios del estado, para crear un sistema que organice y analice los datos sobre los actos de violencia contra la mujer, además de integrar los órganos que prestan auxilio a las mujeres víctimas de maltrato, incluido el sexual.

En el Dosier Mujer, un informe elaborado por el Instituto de Seguridad Pública (ISP) de Río de Janeiro, la agresión sexual ocupa el mayor porcentaje entre las formas de violencia hacia la población femenina en este estado del sureste brasileño.

El año pasado, 6.029 personas fueron víctimas de violación en el estado, de las que 4.993 eran mujeres. Esas cifras representan un incremento de mujeres violadas de 24 por ciento, respecto de 2011.

El promedio mensual en 2012 alcanzó 416 casos de víctimas femeninas. El ISP indicó que el índice de víctimas violadas en el estado de todos los géneros es de 37 por cada 100.000 habitantes.

Sin embargo, no es posible comparar este índice con datos nacionales, pues no existen informaciones precisas y estandarizadas en los demás estados. Pero para Silva, Pandeló y activistas de los derechos de la mujer, sí brinda un patrón de la situación de la violencia sexual en este país de 198 millones de personas.

“Es una cifra gigante, casi 5.000 casos de violación a mujeres en Río, cuando solo una sola ya es repudiable. La sociedad no puede convivir con esta realidad, que origina una educación represiva, sexista, patriarcal, machista y racista”, criticó Silva.

Connotados casos de violaciones en el transporte público en Río de Janeiro y en un hospital contra mujeres menores de edad, han alarmado a la opinión pública.

Este mismo mes, un técnico de enfermería fue acusado de violar a dos pacientes internadas en la unidad de cuidados intensivos de un hospital privado. Podría ser condenado a 15 años de prisión.

En mayo, una cámara de vigilancia captó en un bus en marcha a un adolescente de 16 años que provisto de un arma de fuego violaba a una pasajera. El agresor estaba bajo los efectos del consumo de cocaína y, según la ley brasileña, al ser menor de edad, su máximo castigo serían tres años en un reformatorio y cumplir tareas socioeducativas.

La Policía Civil informó que en los primeros cuatro meses de 2013 se registraron 1.822 violaciones en el estado, mientras que solo se detuvieron 70 personas por ese delito.

El perfil de las víctimas es el de mujeres de entre 20 y 30 años, en su mayoría negras, pero sin una clase social determinada.

“Una agresión de este tipo es capaz de destruir la vida de una persona. La mujer queda aterrorizada y con miedo a salir a la calle. Muchas veces, ella se siente culpable y avergonzada, y por eso muchas no denuncian, además porque saben la impunidad que existe para el delito”, argumentó Silva.

En muchas ocasiones, la víctima de agresión sexual es nuevamente agredida, cuando denuncia en la comisaría y cuando debe ser examinada en el Instituto Médico Legal para obtener “el cuerpo del delito” al que fuerza la ley. “Es vergonzoso”, resumió.

La diputada Inês Pandeló reconoció, a su vez, que el amparo inicial a la víctima de violación es muy precario.

“La mujer es revictimizada y se debe hurgar en sus órganos. Ya existe un decreto nacional para implementar este servicio  de ‘corpus delicti’ (cuerpo del delito) en hospitales privados y públicos. Hay voluntad política, pero falta hacerla efectiva”, dijo.

“Enoja ver estos números en pleno siglo XXI. Es aterrador. La gente imagina que hay una evolución en el pensamiento humano, en el aceptar que todos somos iguales, pero es un hecho que persiste una cultura machista. La violencia existe y es importante denunciarla para ayudar a la formulación de políticas públicas”, analizó.

En Brasil, solo el estado de Río ha instituido una encuesta anual sobre los casos de violencia contra la mujer.

Por eso, Pandeló subrayó que no es posible comparar las cifras de Río con las de los otros 26 estados, “ni tampoco las nacionales con otros países”.

La diputada acaba de ser elegida como secretaria de la Unión Nacional de Mujeres Legisladoras y, desde esa posición, luchará para extender la encuesta anual a todas las entidades federales.

Pero Eleuteria da Silva puntualizó que en el estado de Río las instituciones dedicadas a la atención de la mujer funcionan en forma insuficiente.

Citó la poca presencia en los municipios de los Centros Integrados de Atención a la Mujer, que brindan apoyo jurídico y sicológico a las víctimas de violencia, y de los Núcleos de Atención a la Mujer, al contrario de lo que debería suceder.

Incluso solo hay unas 30 casas-refugio para acoger a las víctimas de violencia y amenazas, cuando son 92 los municipios del estado.

A nivel nacional, existe un Centro de Atención a la Mujer, la línea telefónica dedicada 180 y superintendencias para las mujeres en los estados y los municipios.

Pero pese a las muchas organizaciones oficiales dedicadas a atender los derechos de las mujeres, activistas como Silva no anticipan mejorías a corto plazo en el apoyo concreto a las víctimas de violencia, y en particular la sexual.

“En general, la política de estos organismos es la de no dialogar, ninguno sabe lo que hace el otro”, criticó.

A juzgar por los reconocimientos que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acaba de entregar a 11 países latinoamericanos y caribeños, es fácil concluir que la región dio un paso de gigante hacia la erradicación del hambre.

Es el rostro benigno de América Latina, junto con el crecimiento económico que experimentan muchos de sus países.

Pero una mirada más exhaustiva del panorama alimentario y agrícola revela otra cara, la de la desigualdad, marcada por la creciente influencia del oligopolio agropecuario industrial.

El economista argentino Raúl Benítez, director la oficina de la FAO para América Latina y el Caribe, recuerda que “si bien nuestro continente ha dado pasos enormes contra el hambre, es también el más desigual del mundo”.

“De los casi 900 millones de personas que padecen hambre en el mundo, 50 millones son latinoamericanos o caribeños”,  dice Benítez a TerraViva durante la 38a sesión de la conferencia bienal de la FAO, que se desarrolla en Roma desde el 15 hasta el 22 de este mes.

Y el hambre aparece en lugares como Argentina, cuya población fue durante buena parte del siglo XX una de las mejor alimentadas del mundo.

“Hoy día abundan en Argentina niñas y niños que padecen la desnutrición de la soja”, se queja Silvia Ribeiro, directora para América Latina del no gubernamental Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC), en referencia al cultivo estrella de las exportaciones de ese país sudamericano.

“Desde hace más 20 años, con el apoyo de todos los gobiernos nacionales, Argentina ha permitido la expansión masiva de la soja en la agricultura del país, desplazando la ganadería y otros cultivos, y transformando también la dieta cotidiana de la población”, dijo Ribeiro, cuya organización monitorea el impacto de tecnologías emergentes y corporaciones sobre la biodiversidad, la agricultura y los derechos humanos.

Hoy día, “los argentinos pobres no beben leche vacuna, si no leche de soja, y no comen más carne, la sustituyen con soja, una dieta monótona que provoca desnutrición”, aseveró.

Según Ribeiro, también presente en la conferencia en Roma, el reconocimiento de la FAO a países latinoamericanos por sus logros contra el hambre “se basa en un análisis parcial y engañoso”."En la FAO estamos conscientes de que el acaparamiento de tierra y los grandes complejos agrícolas pueden provocar exclusión social y ser insostenibles ecológicamente": Raúl Benítez

“Es como si la FAO solo viera el producto interno bruto, donde se refleja sí una mayor producción agrícola, pero ignorara que esa mayor producción es excluyente socialmente, ecológicamente insostenible y beneficia en exclusiva a las grandes multinacionales que producen para exportar”, sentencia.

Benítez replica que “la FAO solo puede llamar la atención a tales fenómenos y proponer medidas; los Estados son soberanos y ellos pueden o no adoptar políticas acordes con nuestras propuestas”.

Ribeiro también llamó la atención sobre la expansión de la agricultura genéticamente modificada. “El caso más grave es el del maíz mexicano, pues el gobierno ha liberado el cultivo de granos modificados en beneficio de varias compañías, como Monsanto y DuPont Pioneer”, dice la activista.

El maíz es componente esencial de la dieta de la población mesoamericana, desde México hasta Costa Rica. Además, México “es el origen geográfico mundial” de este grano. En ese país, “el maíz es más que alimento, es pilar esencial de la identidad nacional y de la tradición”, agrega.

Países en situaciones similares, como China con la soja, y regiones del sudeste asiático con el arroz, prohíben el cultivo de variedades transgénicas para salvaguardar su patrimonio biológico, apunta Ribeiro. “Algo similar debería hacer México con el maíz”.

Por otro lado, investigaciones indican que el maíz transgénico puede ser nocivo para la salud. “Un equipo de científicos franceses ha mostrado que el maíz transgénico causó cáncer en ratas”, dice Ribeiro.

“Otro, en poder de la agencia europea sobre seguridad en alimentos, muestra que la mayoría de los cultivos aprobados en Estados Unidos (54 de 86) contienen partes de un virus que no fueron reconocidas al aprobarlos y que pueden tener efectos negativos en plantas, animales y humanos”, asevera.

“En la FAO estamos conscientes de que el acaparamiento de tierra y los grandes complejos agrícolas pueden provocar exclusión social y ser insostenibles ecológicamente”, abunda Benítez. “Los gobiernos tienen que ponderar los beneficios a corto plazo con los costos a largo plazo, que pueden ser mucho mayores, y decidir en consecuencia”.

Las autoridades cubanas prevén que concluya en diciembre de este año la construcción del parque fotovoltaico Santa Teresa-Los Güiros, ubicado en Guantánamo y 929 kilómetros al este de la capital del país.

Esta obra, que tendrá una potencia de 2,5 megavatios y se vinculará al Sistema Electroenergético Nacional, elevará los 11 megavatios generados en la actualidad en Cuba con este tipo de fuente energética, informó a Tierramérica el experto Alejandro Montesinos, de la editorial de la Sociedad Cubana para la Promoción de las Fuentes Renovables de Energía y el Respeto Ambiental.

Montesinos recordó que en la occidental provincia de Cienfuegos ya funciona un parque fotovoltaico, que debe ampliar más su capacidad, y más de 8.000 subsistemas aislados en toda la isla caribeña, instalados sobre todo con fines demostrativos y experimentales.

Cuba realiza inversiones para que en 2030 al menos 10 por ciento de la energía que consumirá entonces el país provenga de fuentes limpias.

En un fallo fuertemente cuestionado por el gobierno, la Corte Suprema de Justicia de Argentina declaró inconstitucional la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar a los candidatos a jueces, la cual establecía que sus integrantes fueran elegidos por el voto universal.

La norma vetada este martes 18, con el argumento de que compromete la independencia de la justicia, es una de las seis iniciativas legislativa de la amplia reforma de este poder del Estado impulsadas por el gobierno centroizquierdista de Cristina Fernández y promulgadas en mayo.

Hasta ahora los consejeros fueron elegidos directamente por las asociaciones de jueces, de abogados y de juristas. La propuesta era dejar atrás esta forma de designación por estamentos corporativos y cambiarla por una votación popular.

Con la ley ya promulgada, los candidatos a consejeros serían seleccionados junto a los postulantes a legisladores nacionales en las primarias que deben realizar los partidos políticos en agosto próximo para luego competir por los cargos efectivos en las elecciones parlamentarias de medio tiempo previstas para octubre.

Pero la sentencia del máximo tribunal de Argentina frenó este proceso al invalidar la ley correspondiente.

“No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular, pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional”, señalan los magistrados en su dictamen.

Manifestándose en contra de la participación de magistrados que sean candidatos a consejeros en campañas proselitistas, la Corte estableció que “los jueces deben actuar en todo momento en forma independiente e imparcial, como custodios de derechos y principios”.

También consideró que la ley “rompe el equilibrio” entre poderes, desconoce el principio de representación de estamentos técnicos y compromete la independencia judicial al forzar a los jueces a involucrarse en luchas partidarias.

Alerta que es “previsible que, luego de un tiempo de aplicación, los jueces vayan adoptando posiciones vinculadas a los partidos que los van a elegir”, lo cual “afectaría su imparcialidad”.

La sentencia fue aprobada con los votos favorables de Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen María Argibay, mientras que Raúl Zaffaroni lo hizo en disidencia.

La oposición política, que había votado en contra de las seis iniciativas de reforma en el parlamento, y juristas reacios a la votación popular de consejeros aplaudieron la decisión.

Uno de ellos es el constitucionalista Daniel Sabsay, quien desde un primer momento se opuso a esta ley. El fallo es “excelente”, declaró a IPS. “Es contundente y claro acerca de los controles y contrapesos que debe haber entre los poderes”, argumentó.

Sabsay sostuvo que “no hay otra lectura posible” que la de la inconstitucionalidad y calificó de “endeble y confuso” el voto en disidencia de Zaffaroni, quien integró la Asamblea Constituyente que en 1994 aprobó la ley fundamental en vigencia y creó el Consejo de la Magistratura.

Zaffaroni sustentó su voto en contra recordando que al momento de introducir “una estructura novedosa” a la Constitución, como fue el Consejo de la Magistratura, se lo hizo “sin estructurarlo” y eso dejó “muchos huecos” que fueron completándose con sucesivas reformas legislativas.

La norma que acaba de ser declarada inconstitucional proponía, además del voto popular directo de los miembros del Consejo de la Magistratura, la ampliación del número de sus integrantes de 13 a 19, con la idea de incrementar la representación de académicos y que hubiera también delegados de otras ciencias además de las jurídicas.

El Consejo tiene entre sus potestades la de seleccionar por sus antecedentes a los candidatos a jueces y juezas e integrar las ternas de las que luego el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado elegirá a uno o una. También puede votar la realización de un juicio político para la remoción de magistrados.

Los partidos de oposición votaron en general en contra de todos los proyectos de reforma judicial por considerar que el gobierno perseguía un único interés que era el de controlar el Poder Judicial y no que se trataba de un proyecto de democratización del sistema, como argumenta el oficialismo.

Cuando la presidenta Fernández lanzó el 9 de abril el paquete de seis leyes a enviar al parlamento expresó que la intención era “modernizar y transparentar el poder más importante del país, puesto que es el último lugar donde se decide la vida, la libertad y el patrimonio de los 40 millones de argentinos”.

Las otras leyes de esta reforma prevén la creación de nuevas cámaras de casación para aliviar las causas que llegan hasta la Corte Suprema, la regulación de las medidas cautelares, herramienta para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o causa pendiente, y la difusión de sentencias por Internet.

Las dos restantes son una que impone la obligación de presentar y publicar declaraciones juradas patrimoniales para los funcionarios del Poder Judicial y otra que dispone el ingreso de empleados al sistema solo por concurso de mérito y no por designación directa como hasta ahora.

Las propuestas del Poder Ejecutivo surgieron en paralelo al nacimiento de un movimiento de jueces, fiscales, abogados defensores, juristas y organizaciones de la sociedad civil que propugnan cambios en el sistema judicial también para hacerlo más transparente y democrático.

El denominado Movimiento de Justicia Legítima, a través de su presidenta, la jueza María Laura Garrigós, lamentó el fallo de la Corte Suprema, contrario a su recomendación de permitir el voto popular de consejeros.

“La Corte pudo haber liderado este proceso de cambio y perdió una oportunidad de oro para hacerlo”, declaró Garrigós. De todos modos, consideró que el debate sobre los cambios en el Poder Judicial se hizo carne en la sociedad y puntualizó que ya “no puede parar”.

Garrigós, presidenta de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, dijo a IPS que “hay que seguir procurando un Poder Judicial más transparente, democrático y abierto a la sociedad”, que permita “recuperar la mala imagen” que hoy se tiene de la justicia.

Para la jueza, “la política va a seguir buscando hasta encontrar una vía que permita conseguir una justicia más democrática”. “Esto es imparable”, advirtió.

En este sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, expresó sus críticas a la sentencia que ratificó un fallo de primera instancia. Mediante un comunicado, sostuvo que esta ley “progresista, lamentablemente no se podrá aplicar”.

Alak consideró que el fallo de los jueces “desconoce la voluntad popular” y opta por “el voto calificado”. Los jueces, abogados y académicos “seguirán votándose entre sí para acceder a cargos públicos”, concluyó.

“Aceptamos el fallo, pero no lo aprobamos”, apuntó.

Brasil redujo sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera en 38,7 por ciento entre 2005 y 2010, según datos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

La merma de la deforestación, principalmente en la Amazonia, impulsó ese buen desempeño, puesto que las emisiones igual crecieron en ese lapso en sectores considerados aisladamente, como las causadas por la producción de energía (21,4 por ciento), los procesos industriales (5,3), agricultura y ganadería (5,2) y residuos sólidos (16,4 por ciento).

El resultado permitió al país alcanzar 62 por ciento de la meta total de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero proyectadas para 2020 y anunciada por el gobierno en 2009, durante la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-15).

“La nuevas tecnologías en la agricultura y el mayor uso de fuentes renovables en el área energética contribuyeron también para que el aumento de las emisiones fuese inferior en relación a la expansión de esos dos sectores”, destacó a Tierramérica el secretario de Políticas y Programas de Investigación y Desarrollo del Ministerio, Carlos Nobre.